La iniciativa de este proyecto fue presentada por senadoras del oficialismo, justo diez días después de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia. Además, el mismo busca limitar la libertad de prensa y la actividad de los colegios profesionales. Esto ha causado mucho repudio en las redes sociales, teniendo en cuenta el alto número de corrupción que se ha visto en la Argentina.
El proyecto enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las órdenes de detención, entre los que se destacan: “La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
“La intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal. La intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, son otros.
En el artículo 7, se afirma: “En los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos”.
Además, también puntualizaron: “Ello se verifica con el dictado de medidas judiciales que privaron de libertad a varios ciudadanos argentinos, como referentes sociales, sindicales y políticos, mediante la utilización del Poder Judicial, un poder del Estado independiente conforme la Constitución, para fines políticos, afectando inclusive la posibilidad de ciertos candidatos de presentarse a elecciones”.
Ver también: ¿Comienzo de crisis entre Alberto y Cristina en la presidencia?
“Muchos referentes con amplia representación y legitimidad en nuestro país están sometidos a proceso, acusados de una gran variedad de figuras penales. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos sociales; tanto de los que están directamente involucrados en las causas, como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial”, agregaron en el escrito.
